Juez Calama protege derechos de Zapatero y retrasa imputación tras elecciones

Varios países europeos han reaccionado con rapidez tras la difusión de un vídeo que muestra el trato recibido por activistas de una flotilla humanitaria. Entre ellos se encuentran al menos cuarenta españoles que viajaban en la misión. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben-Gvir, compartió las imágenes en sus redes sociales. En ellas se observa a los tripulantes con las manos atadas y sometidos a posiciones forzadas durante el traslado al puerto de Ashdod. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha calificado el episodio como inhumano e indigno. Ha exigido disculpas públicas al Gobierno israelí y ha recordado que España ya ha convocado al embajador. Francia, Italia y Países Bajos han adoptado medidas similares. El incidente se suma a anteriores denuncias de trato similar en misiones previas de la flotilla.

El juez ha ordenado el registro de la empresa What The Fab perteneciente a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según las pesquisas, la sociedad habría funcionado como pantalla para canalizar más de un millón de euros procedentes de clientes vinculados a la trama investigada. El expresidente aparece como autorizado en las cuentas de la empresa y se han detectado transferencias destinadas a cancelar préstamos y adquirir patrimonio.

En el interior del Partido Socialista se ha extendido la idea de que la justicia opera con ritmos variables. Esta percepción incluye aceleraciones y retrasos en los procesos judiciales independientemente de quién se trate. Además, se señala la existencia de mecanismos de protección para personas de relevancia política.

El juez encargado del caso ha señalado que existen indicios que apuntan al hijo del empresario Isaac Andik, Jonathan Díaz, como presunto responsable de la muerte de su padre. Según el informe forense, la caída que sufrió Isaac Andik no fue accidental; las marcas en su cuerpo y las condiciones del lugar indican que la caída fue deliberada y no un simple resbalón. Los Mossos d'Esquadra realizaron hasta diez recreaciones del accidente en el mismo punto, llegando siempre a la misma conclusión. Además, las contradicciones en las declaraciones de Jonathan Díaz, quien inicialmente negó haber visto la caída y luego admitió haberla presenciado pero no poder acceder a su padre, han alimentado las sospechas. También se ha detectado que el móvil del crimen estaría relacionado con un reciente cambio en el testamento del empresario, en el que se favorecía una fundación para niños necesitados en lugar de su hijo. En un intento por reconciliarse, el padre aceptó realizar una excursión con Jonathan, donde presumiblemente se produjo el incidente. Este conjunto de evidencias ha llevado al juez a considerar que la muerte de Isaac Andik pudo haber sido un acto planificado y premeditado por parte de Jonathan Díaz.

Gonzalo, un niño de dos años, murió durante el traslado en ambulancia a un hospital tras presentar un cuadro grave con vértigos, mareo y fiebre. Pese a que el niño mostraba signos evidentes de insuficiencia respiratoria, como labios azules y una saturación del 80%, la atención inicial fue tardía y deficiente. Tras una analítica que detectó infección, no se trató ni se informó adecuadamente a los padres. El traslado se efectuó en una ambulancia sin médico, solo con un auxiliar de enfermería, a un hospital privado con unidad de cuidados intensivos ubicado a media hora de distancia, en lugar de al hospital público más cercano, a cinco minutos. Gonzalo llegó en parada cardiorespiratoria con una saturación aún más baja, y a pesar de los esfuerzos de reanimación durante una hora, falleció. Los padres han presentado una demanda legal contra el hospital y la aseguradora, acusando negligencia médica y exigiendo responsabilidades por un traslado y atención inadecuados que consideran evitables. El caso ha generado críticas sobre la gestión del sistema sanitario y la necesidad de protocolos más rigurosos en el traslado de pacientes graves.