Ben-Gvir publica vídeo de vejaciones a activistas de la flotilla con españoles

El juez ha ordenado el registro de la empresa What The Fab perteneciente a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según las pesquisas, la sociedad habría funcionado como pantalla para canalizar más de un millón de euros procedentes de clientes vinculados a la trama investigada. El expresidente aparece como autorizado en las cuentas de la empresa y se han detectado transferencias destinadas a cancelar préstamos y adquirir patrimonio.

En el interior del Partido Socialista se ha extendido la idea de que la justicia opera con ritmos variables. Esta percepción incluye aceleraciones y retrasos en los procesos judiciales independientemente de quién se trate. Además, se señala la existencia de mecanismos de protección para personas de relevancia política.

El juez encargado del caso ha señalado que existen indicios que apuntan al hijo del empresario Isaac Andik, Jonathan Díaz, como presunto responsable de la muerte de su padre. Según el informe forense, la caída que sufrió Isaac Andik no fue accidental; las marcas en su cuerpo y las condiciones del lugar indican que la caída fue deliberada y no un simple resbalón. Los Mossos d'Esquadra realizaron hasta diez recreaciones del accidente en el mismo punto, llegando siempre a la misma conclusión. Además, las contradicciones en las declaraciones de Jonathan Díaz, quien inicialmente negó haber visto la caída y luego admitió haberla presenciado pero no poder acceder a su padre, han alimentado las sospechas. También se ha detectado que el móvil del crimen estaría relacionado con un reciente cambio en el testamento del empresario, en el que se favorecía una fundación para niños necesitados en lugar de su hijo. En un intento por reconciliarse, el padre aceptó realizar una excursión con Jonathan, donde presumiblemente se produjo el incidente. Este conjunto de evidencias ha llevado al juez a considerar que la muerte de Isaac Andik pudo haber sido un acto planificado y premeditado por parte de Jonathan Díaz.

Gonzalo, un niño de dos años, murió durante el traslado en ambulancia a un hospital tras presentar un cuadro grave con vértigos, mareo y fiebre. Pese a que el niño mostraba signos evidentes de insuficiencia respiratoria, como labios azules y una saturación del 80%, la atención inicial fue tardía y deficiente. Tras una analítica que detectó infección, no se trató ni se informó adecuadamente a los padres. El traslado se efectuó en una ambulancia sin médico, solo con un auxiliar de enfermería, a un hospital privado con unidad de cuidados intensivos ubicado a media hora de distancia, en lugar de al hospital público más cercano, a cinco minutos. Gonzalo llegó en parada cardiorespiratoria con una saturación aún más baja, y a pesar de los esfuerzos de reanimación durante una hora, falleció. Los padres han presentado una demanda legal contra el hospital y la aseguradora, acusando negligencia médica y exigiendo responsabilidades por un traslado y atención inadecuados que consideran evitables. El caso ha generado críticas sobre la gestión del sistema sanitario y la necesidad de protocolos más rigurosos en el traslado de pacientes graves.