Trump rebaja las expectativas: el acuerdo con Irán no se firmará este domingo

El análisis de la situación de la vivienda en España parte de una comparación entre 1991 y 2025. En el primer año se iniciaron 205.000 viviendas con una población de 39 millones de habitantes. Hoy, con 49 millones de habitantes, solo se inician 133.000 viviendas anuales y apenas 12.000 son de protección oficial. La crítica principal se dirige a las normativas urbanísticas que impiden construir viviendas de bajo coste. Los planes obligan a dimensiones mínimas de 80 metros cuadrados porque los responsables políticos consideran que las familias son de cuatro o cinco personas. Sin embargo, el promedio actual de ocupación por vivienda es inferior a dos personas y media. Los jóvenes, según el análisis, aceptarían viviendas de 40 metros cuadrados como primera opción. El Banco de España estima una necesidad de 700.000 viviendas, pero la proyección propia eleva la cifra a un mínimo de un millón y medio con tipos de interés entre el 2 y el 2,5 por ciento.

El año pasado Castilla y León registró los incendios más graves del país, con dos voluntarios fallecidos en las provincias de Zamora y León. Las versiones oficiales sobre su presencia en el operativo resultaron contradictorias, lo que ha generado una fuerte polémica un año después. Un agente medioambiental que presenció los hechos, al que se identifica como Iván para proteger su identidad, ha denunciado en La Sexta la falta de medios y la desorganización del dispositivo de extinción. Según su relato, no recibió apoyo pese a múltiples intentos de contacto y tuvo que buscar ayuda por su cuenta. El testigo acusa directamente al gobierno autonómico de Fernández Mañueco de negligencia por no llegar a tiempo, permitir el caos operativo y no asumir responsabilidades políticas tras los fallecimientos.

Una usuaria denuncia la diferencia de trato legal entre hombres y mujeres respecto a sus gametos congelados. Según explica, un hombre puede solicitar por escrito la destrucción de su esperma sin más requisitos, mientras que una mujer debe mantener sus óvulos hasta cumplir 50 años. Las alternativas que ofrece la ley a las mujeres son donarlos a la ciencia, a otra persona o acreditar mediante informes médicos que no puede ser madre. El caso de Laura, que reside ahora en Reino Unido pero sigue abonando el mantenimiento de sus óvulos en España, ilustra la situación que afecta a muchas mujeres.